El negocio millonario de los psicotécnicos y los ‘aptos’ exprés para conducir
En apenas diez minutos y por unos 70 euros, miles de conductores en España consiguen cada año el ansiado certificado de “apto” para renovar su carné, incluso cuando no cumplen las condiciones necesarias. Detrás de este trámite aparentemente rutinario se esconde un negocio multimillonario, con claroscuros y prácticas irregulares que preocupan tanto al sector como a las autoridades de tráfico.
Un sector que mueve 130 millones de euros al año
En España operan cerca de 3.000 centros médicos-psicotécnicos autorizados para evaluar la aptitud de los conductores. Solo en 2017 —último año con datos completos— se realizaron 3,2 millones de reconocimientos, según cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT). De ellos, más de 560.000 correspondieron a nuevos permisos, mientras que alrededor de 2,5 millones fueron renovaciones dentro de un censo de más de 26,6 millones de conductores.
El volumen de negocio es notable: estos centros facturan en conjunto unos 130 millones de euros anuales, una cifra que no ha dejado de crecer en la última década, impulsada por la proliferación de casi mil nuevos centros. Sin embargo, este crecimiento también ha traído consigo una competencia feroz que, en algunos casos, ha derivado en irregularidades graves.
Al menos un 5% de centros irregulares
Desde la Asociación Española de Centros Médicos-Psicotécnicos (Asecemp) alertan de que al menos un 5% de los centros actúan de forma clandestina o incumplen la normativa. Así lo denunció públicamente el que fuera diputado y senador del PP José Ignacio Landaluce, presidente de la asociación.
Su secretario general, Bonifacio Martín, reconoce que el sector está interesado en “sacar a la luz a esos centros que no cumplen las normas” y que funcionan como auténticos “chiringuitos”. “Los ciudadanos saben perfectamente cuáles son los más permisivos, aquellos a los que se acude sabiendo que en menos de diez minutos uno sale con el apto”, asegura.
Desde Asecemp han partido en los últimos años varias denuncias por malas prácticas que están siendo analizadas por la Fiscalía de Seguridad Vial, aunque este organismo reconoce que no dispone de datos cerrados sobre cuántos centros han sido sancionados o clausurados.
Falta de personal médico y controles mínimos
Entre las irregularidades más frecuentes se encuentra el incumplimiento de la obligación legal de contar con tres profesionales sanitarios —médico, psicólogo y oftalmólogo— para evaluar correctamente a los conductores. En algunos establecimientos esta exigencia se elude, reduciendo los controles a simples trámites administrativos.
Esta laxitud es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que en estos mismos centros se realizan también los reconocimientos necesarios para la tenencia y renovación de licencias de armas, con entre 1 y 1,2 millones de pruebas al año, según datos de la propia asociación.
Grandes diferencias entre comunidades
La situación varía notablemente según la comunidad autónoma. En Madrid, con más de 3,3 millones de conductores, Asecemp reconoce que existe “mucha manga ancha” en numerosos centros. En el extremo opuesto se sitúa Galicia, donde la Fiscalía de Seguridad Vial ha actuado con mayor contundencia contra un grupo de psicotécnicos que no cumplían su función, reforzando inspecciones sanitarias y de tráfico.
Pese al elevado número de reconocimientos, los datos oficiales reflejan que solo el 0,9% de los conductores no resulta apto para conducir y que a un 7,5% se le imponen restricciones, cifras que para muchos expertos resultan llamativamente bajas.
Un sistema cuestionado desde su reforma
El modelo actual se consolidó a partir de 2010, cuando se permitió que los centros psicotécnicos asumieran todos los trámites de renovación del carné, incluidos los administrativos, lo que supuso un ahorro para la Administración. También se modificó la vigencia del permiso: diez años hasta los 70 y cinco años a partir de esa edad.
Desde Asecemp se criticó entonces —y se sigue criticando ahora— que los conductores de mayor edad deberían pasar controles cada dos años, y no cada cinco. “Se argumentó que había que armonizar el sistema con Europa, pero eso no es del todo cierto”, señala Bonifacio Martín.
Europa, modelos muy distintos
El sistema español es, de hecho, uno de los más exigentes de Europa. En países como Francia o Bélgica, el carné puede ser prácticamente vitalicio, salvo que el conductor cometa una infracción grave. En otros como Italia o Rusia, las revisiones se realizan cada diez o quince años.
Algunos expertos, como el catedrático de Seguridad Vial Luis Montoro, defienden modelos como el de los países nórdicos, donde no hay controles periódicos obligatorios, pero sí una fuerte responsabilidad médica y personal para impedir que personas incapacitadas sigan conduciendo.
¿Un modelo híbrido para España?
Para Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial, el problema del sistema español radica en su filosofía de “culpabilidad presunta”: el conductor no es apto salvo que el médico diga lo contrario. Esto, a su juicio, fomenta que algunos intenten burlar el sistema.
Ledesma propone un modelo híbrido: mantener el reconocimiento médico, pero añadir una declaración responsable del conductor sobre su estado de salud, con consecuencias legales en caso de falsedad. Además, aboga por implicar al médico de cabecera y a la familia en el caso de conductores mayores.
Las víctimas reclaman más rigor
Desde la asociación de víctimas de tráfico DIA, su presidente Francisco Canes considera que las exploraciones deberían ser “mucho más exhaustivas” y tener en cuenta patologías como enfermedades cardiovasculares, trastornos depresivos o el consumo de medicamentos incompatibles con la conducción.
La Fiscalía de Seguridad Vial también ha advertido en varias ocasiones del riesgo que supone este “circuito clandestino” de certificados médicos concedidos “solo por dinero”, sin medios ni profesionales adecuados. “Hay que impedir que los conductores que ponen en riesgo la seguridad vial sigan en las carreteras”, subrayó en su día el fiscal Bartolomé Vargas.
Una posible solución: cambiar el modelo
Desde Asecemp plantean una reforma de fondo: pasar del actual sistema de autorización administrativa a uno de concesión, de modo que los centros que incumplan pierdan automáticamente el derecho a operar.
El objetivo, aseguran, no es solo proteger la imagen de la mayoría de establecimientos que sí cumplen la ley, sino garantizar la seguridad vial y evitar que el “apto exprés” siga convirtiéndose en un negocio tan rentable como peligroso.
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