El desahucio de una abuela de 65 años y sus dos nietas menores en Madrid ha vuelto a poner en cuestión la eficacia del llamado escudo social. La familia, en situación de extrema vulnerabilidad y con unos ingresos mensuales de apenas 600 euros, fue desalojada el pasado 14 de enero por orden judicial, pese a las medidas vigentes que prohíben expulsar a hogares vulnerables sin una alternativa habitacional.
Las dos niñas quedaron huérfanas en 2023 tras el asesinato machista de su madre. Aun así, ni esta circunstancia ni los informes de los servicios sociales lograron frenar el lanzamiento del desahucio, ejecutado a instancias de un fondo inmobiliario que había adquirido la vivienda. La decisión judicial ha generado una fuerte reacción entre asociaciones vecinales y colectivos sociales, que denuncian un fallo grave del sistema de protección.
Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) sostienen que existían mecanismos legales suficientes para haber evitado el desalojo o, al menos, haberlo aplazado. A su juicio, el caso evidencia las carencias de las políticas de vivienda cuando se trata de familias en riesgo de exclusión residencial, especialmente si hay menores y víctimas de violencia de género implicadas.
En la misma línea se ha pronunciado la Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde Este, que señala tanto al juzgado como a las administraciones públicas y al fondo propietario del inmueble como responsables de lo ocurrido. La entidad denuncia que los servicios sociales no ofrecieron una protección efectiva a las menores, que ni siquiera contaban con ayudas básicas como el comedor escolar, y critica la falta de voluntad política para evitar que la vivienda quede vacía mientras la familia acaba en la calle.
Los colectivos vecinales subrayan que no se trata de un caso aislado, sino de un problema estructural. “La vivienda sigue tratándose como un bien especulativo y no como un derecho”, señalan, y añaden que el desahucio se ejecutó a pesar de que existía un informe oficial que acreditaba la vulnerabilidad de la familia. También cuestionan la actuación de la defensa de oficio, que, según denuncian, no estuvo presente durante el lanzamiento.
Tras el desalojo, la familia ha podido encontrar alojamiento temporal gracias a la ayuda de amistades y al apoyo del vecindario, que ha mostrado su compromiso de seguir acompañándolas y de visibilizar su situación públicamente. Las asociaciones reclaman ahora explicaciones tanto al Ministerio de Justicia como a la Consejería autonómica por la actuación judicial.
El caso se produce, además, en un contexto en el que el Gobierno prorrogó recientemente las medidas de protección para hogares vulnerables aprobadas en 2020, que impiden los desahucios sin alternativa habitacional y prohíben el corte de suministros básicos. Sin embargo, los datos del Consejo General del Poder Judicial reflejan que estos desalojos siguen produciéndose con frecuencia: solo en el tercer trimestre de 2025 se ejecutaron más de 5.000 en toda España.
En paralelo, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo decreto para regular el mercado del alquiler, con incentivos fiscales para los propietarios que congelen los precios. La medida, no obstante, ha sido criticada tanto por Sumar, socio del Gobierno, como por el Sindicato de Inquilinas, que consideran que beneficia a los caseros y no ataja el problema de fondo: el acceso a una vivienda digna a precios asumibles.
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