Presentan dos quejas ante el Defensor del Pueblo de Navarra por 562 solicitudes afectadas desde mayo de 2025
Catorce entidades sociales de Pamplona han denunciado que el Ayuntamiento está obstaculizando el empadronamiento de personas sin hogar, una práctica que —según aseguran— vulnera la legislación vigente y deja a cientos de personas sin acceso a derechos básicos.
Las organizaciones presentaron el pasado 4 de febrero dos quejas formales ante el Defensor del Pueblo de Navarra. En ellas detallan que desde el 30 de mayo de 2025 hasta el 26 de enero de 2026 se han dictado 36 resoluciones de prórroga que afectan a 562 solicitudes de empadronamiento.
Retrasos, prórrogas y denegaciones
Según las entidades, el conflicto se remonta a febrero de 2024, cuando el Consistorio paralizó la tramitación de solicitudes de personas sin domicilio fijo a la espera de un acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Recuerdan que la normativa fija un plazo máximo de tres meses para resolver estos expedientes, tras el cual debería aplicarse el silencio administrativo positivo.
En noviembre de ese mismo año, tras la presión de los afectados, el Ayuntamiento procedió a empadronar a varias personas, aunque imponiendo la obligación de comparecer quincenalmente en dependencias municipales. Esa exigencia fue anulada en mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), lo que obligó al propio Consistorio a dejarla sin efecto.
Ese mismo 30 de mayo, el Ayuntamiento amplió el plazo de resolución de tres a seis meses. Las entidades consideran que estas prórrogas masivas son “ilegales e injustificadas”, y recuerdan que el Defensor del Pueblo ya recomendó su revocación en julio de 2025, una recomendación que, según denuncian, fue rechazada expresamente.
Nuevos requisitos y bajas de oficio
Las organizaciones también critican que, una vez agotados los plazos ampliados, el Ayuntamiento estaría denegando solicitudes “de forma casi automática”, sin realizar comprobaciones efectivas sobre la residencia habitual.
Además, denuncian la exigencia de acreditar una residencia mínima previa de tres meses, un requisito que califican de arbitrario y sin respaldo legal.
Otro de los puntos señalados son las bajas de oficio de personas empadronadas en dependencias municipales, que —según sostienen— se estarían produciendo sin notificación efectiva ni resolución formal del órgano competente, lo que podría implicar su nulidad.
Acceso a derechos fundamentales en juego
El empadronamiento es un trámite administrativo clave para acceder a la sanidad pública, la escolarización, ayudas sociales o procesos de regularización administrativa. Las entidades advierten de que el bloqueo o retraso sistemático en este procedimiento deja a las personas sin hogar en una situación de mayor vulnerabilidad.
Por ello, han solicitado al Defensor del Pueblo que inste al Ayuntamiento de Pamplona a cesar de inmediato estas prácticas y a garantizar el empadronamiento conforme a la normativa vigente.
Hasta el momento, el Consistorio no ha hecho pública una respuesta detallada a estas acusaciones.
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